En Construcción
Igartúa Scherer Abogados es el resultado de más de 25 años de experiencia en el ejercicio del derecho, inspirados por una profunda vocación por nuestra profesión y un decido compromiso con el éxito de nuestros Clientes.
El litigio estratégico ha sido piedra angular de nuestro éxito, permitiéndonos abordar conflictos de gran complejidad con los mejores resultados. Esta experiencia nos ha permitido desarrollar a su vez, unas áreas de consultoría y gestión, de altísima eficacia, tanto en la planeación y consecución de objetivos, como en la prevención de riesgos, otorgando mediante nuestros servicios una gran ventaja comparativa y valor agregado.
Con estas herramientas a disposición, hemos resuelto hacer de nuestra misión, el infranqueable compromiso de resolver las necesidades de nuestros Clientes.
Además, en Igartúa Scherer Abogados creemos firmemente en la responsabilidad social. Por ello, parte de nuestros ingresos se destinan a proyectos de beneficencia en auxilio a personas en situación vulnerable. Este servicio comunitario es una expresión de nuestros valores y de nuestra aspiración por lograr un México mejor.
Así pues, con enorme pasión por el derecho; compromiso a toda prueba con nuestros Clientes; dedicación; integridad y excelencia, aspiramos a ser la Firma más destacada en nuestra práctica.
Hemos hecho de nuestra profesión, nuestra gran pasión.
Ese ha sido siempre nuestro primer compromiso y a la postre, nuestro mejor pago.
Ese es nuestro mantra. Distinguirnos de lo ordinario para volvernos extraordinarios.
Ver triunfar a nuestros Clientes.
No hay cumbre para con ellos que no estemos dispuestos a conquistar.
Analizamos a profundidad cada caso para desarrollar argumentos sólidos que permitan obtener resoluciones favorables en litigios administrativos y fiscales. Durante el proceso, combinamos rigor jurídico con flexibilidad y creatividad para afrontar cualquier eventualidad, con el objetivo de lograr la nulidad de los actos de autoridad que vulneren los derechos de nuestros Clientes.
Atendemos una amplia gama de asuntos en estas materias, entre los que destacan los siguientes:- La impugnación de determinaciones de créditos fiscales.
- La representación en procedimientos administrativos de ejecución (PAE).
- La defensa de servidores públicos en asuntos de responsabilidad administrativa.
- La anulación de cancelaciones de CFDI.
- La instauración de juicios contra sanciones como multas, inhabilitaciones y suspensión de actividades.
- La obtención de medidas cautelares para garantizar la continuidad de actividades durante el juicio.
- El levantamiento de resguardo o custodia de folios de inmuebles.
- La impugnación de resoluciones que cancelan registros sanitarios o del sistema financiero.
- La nulidad de revocaciones de autorizaciones de instituciones financieras, así como de permisos para desarrollos inmobiliarios residenciales y comerciales, entre otros.
El respeto y la garantía de los derechos y libertades fundamentales son pilares esenciales del Estado de Derecho. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que México es parte consagran estos derechos como derechos humanos, cuyo pleno ejercicio debe ser protegido y asegurado.
En este contexto, principios como el de legalidad, la garantía de audiencia, el derecho de propiedad y el debido proceso son elementos fundamentales que protegemos en la substanciación de juicios de amparo en todo el país, incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuestros servicios incluyen analizar cada caso, preparar y presentar demandas de amparo, seguir el proceso y solicitar suspensiones de actos reclamados y recursos cuando sea preciso. Algunos de los actos de autoridad que hemos impugnado exitosamente mediante juicio de amparo son los siguientes:
- La imposición de sellos y clausura de establecimientos y actividades;
- La rescisión de contratos administrativos;
- La inclusión de personas o entidades en la lista prevista en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación;
- La catalogación de inmuebles por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL);
- Los decretos expropiatorios y otros actos administrativos que afectan derechos de propiedad;
- La expedición de normas generales que impactan derechos sustantivos, como leyes restrictivas a la libertad empresarial; así como
- Los actos de autoridades en procedimientos administrativos en materia aduanera, financiera, sanitaria, de alimentos, del derecho de consumo, entre otros.
Las relaciones jurídicas entre personas físicas y morales pueden generar controversias derivadas del incumplimiento de obligaciones, diferencias en la interpretación de contratos o la afectación de derechos patrimoniales y familiares. En estos casos, la asesoría y representación legal especializada resultan fundamentales para la adecuada defensa de los intereses de las partes.
En nuestro despacho, contamos con experiencia en la atención de litigios civiles, mercantiles y familiares, desde la prevención de conflictos hasta la ejecución de resoluciones. Analizamos cada asunto con rigor jurídico para diseñar estrategias que permitan una defensa efectiva o la reclamación de derechos ante órganos judiciales. Atendemos una amplia variedad de litigios en estas materias, entre los que destacan:
- Controversias inmobiliarias relacionadas con la propiedad, posesión y contratos de arrendamiento;
- Prescripciones inmobiliarias, asesorando en la regularización de la propiedad de inmuebles ocupados de manera continua y pacífica;
- Ejecución de juicios mercantiles, incluyendo el cobro de adeudos de alta cuantía;
- Nulidad, rescisión o cumplimiento forzoso de contratos civiles y mercantiles;
- Reclamaciones por daño moral y patrimonial;
- Ejecución de sentencias y laudos arbitrales;
- Disolución y liquidación de sociedades conyugales;
- Juicios de divorcio y determinación de pensión alimenticia;
- Disputas sobre guarda, custodia y patria potestad de menores;
- Sucesiones testamentarias e intestamentarias, incluyendo la impugnación de testamentos y conflictos entre herederos.
Nuestro enfoque se basa en la solidez jurídica, la estrategia procesal y el seguimiento puntual de cada caso, asegurando la mejor defensa de los intereses de nuestros clientes en todos los ámbitos del derecho privado.
Diversas autoridades administrativas tienen facultades para imponer sanciones a particulares y empresas, como multas, clausuras y suspensiones de actividades. Sin embargo, estas medidas deben cumplir con los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso, por lo que es posible impugnarlas cuando vulneran derechos o carecen de fundamento jurídico adecuado.
En nuestro despacho, ofrecemos asesoría y representación legal en la defensa contra sanciones administrativas, evaluando cada caso para determinar el medio de impugnación más adecuado. Tramitamos recursos administrativos y juicios de nulidad ante tribunales especializados con el objetivo de revocar las medidas impuestas. Además, podemos lograr la declaración de inconstitucionalidad de diversas medidas para que no sean impuestas nuevamente a nuestros Clientes.
Nuestra experiencia abarca la atención de sanciones derivadas de diversas normativas, tales como regulaciones fiscales, ambientales, sanitarias, urbanísticas, de consumo, financieras y de comercio, asegurando la mejor defensa de los intereses de nuestros clientes.
< Las auditorías de cumplimiento son una herramienta fundamental para evaluar y mitigar riesgos legales en diversas áreas reguladas. En nuestro despacho, diseñamos y ejecutamos auditorías conforme a la legislación aplicable a cada sector, asegurando que personas físicas, morales y fideicomisos cumplan con sus obligaciones normativas y regulatorias.
Hemos desarrollado experiencia en la realización de auditorías en sectores altamente regulados, tales como el bancario y financiero, así como para evaluar el cumplimiento de disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Asimismo, llevamos a cabo auditorías autorregulatorias con el propósito de detectar oportunamente riesgos legales y operacionales, permitiendo a nuestros Clientes adoptar medidas preventivas que fortalezcan su seguridad jurídica.
Nuestro alcance incluye áreas especializadas, como el cumplimiento en materia de Protección de Datos Personales, asegurando que las entidades sujetas a regulación implementen las mejores prácticas para la gestión y resguardo de información.
Nuestro enfoque integral permite a nuestros Clientes cumplir con sus obligaciones legales y regulatorias, minimizando riesgos y garantizando un entorno de operación conforme a derecho.
La obtención, modificación o renovación de autorizaciones, permisos, licencias y registros es un requisito fundamental para el desarrollo de diversas actividades económicas y empresariales. En nuestro despacho, realizamos un análisis integral de la viabilidad de cada trámite conforme al marco normativo aplicable, identificando posibles riesgos y proponiendo estrategias para su resolución.
Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros Clientes en la preparación y organización de la documentación requerida, asegurando que los procedimientos administrativos sean gestionados de manera eficiente. Además, damos seguimiento puntual a cada solicitud ante las autoridades competentes en los ámbitos federal, estatal y municipal hasta la obtención de una resolución favorable.
Como parte de nuestra experiencia, coordinamos y gestionamos procedimientos simultáneos para el desarrollo inmobiliario, tramitando permisos y autorizaciones ante diversas instancias, como alcaldías, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), entre otras.
En aquellos casos en los que las autoridades emitan resoluciones adversas a los intereses de nuestros Clientes, promovemos los medios de impugnación correspondientes para su revocación o nulidad, garantizando la protección de sus derechos.
El cumplimiento normativo es un elemento clave para la seguridad jurídica y operativa de las empresas y organizaciones. En nuestro despacho, realizamos un levantamiento detallado de los procesos internos de cada entidad, con el objetivo de identificar las regulaciones obligatorias aplicables según su objeto y actividad.
Con base en este análisis, diseñamos e implementamos programas de compliance que no solo cumplen con la legislación vigente, sino que también se alinean con los estándares internacionales en la materia. Nuestro enfoque permite a las organizaciones fortalecer su estructura de cumplimiento, minimizar riesgos legales y operacionales, y garantizar la adopción de buenas prácticas corporativas.
Acompañamos a nuestros Clientes en cada etapa del proceso, desde la identificación de obligaciones normativas hasta la ejecución y supervisión de los mecanismos de control, asegurando que sus actividades se desarrollen dentro del marco legal aplicable.
El éxito en la toma de decisiones jurídicas depende de un análisis previo que considere las particularidades de cada caso. Ya sea para emprender un negocio, iniciar un procedimiento judicial o defenderse de actos arbitrarios de autoridades, resulta fundamental contar con un diagnóstico preciso y bien fundamentado.
Brindamos consultoría legal oportuna y especializada, adaptada a las necesidades de cada Cliente. Nuestro enfoque se basa en un estudio detallado de la normativa aplicable, la evaluación de riesgos y la identificación de estrategias que permitan una adecuada planificación jurídica.
Nuestro objetivo es proporcionar información clara y precisa que facilite la toma de decisiones informadas, asegurando que nuestros Clientes cuenten con las herramientas legales necesarias para la gestión y resolución de sus asuntos de manera eficiente y segura.
La relación entre particulares y la administración pública requiere un cumplimiento riguroso de los procedimientos administrativos y normativos aplicables. En nuestro despacho, brindamos asesoría especializada en la obtención, administración y ampliación de concesiones y contratos con entidades gubernamentales, tanto a nivel federal como estatal.
Asimismo, ofrecemos consultoría y representación legal en la participación de empresas en procesos de licitación pública en cualquiera de sus modalidades, ya sea en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como en obra pública. Nuestro acompañamiento abarca desde la preparación de documentación hasta el seguimiento del procedimiento, garantizando que nuestros Clientes cumplan con los requisitos y optimicen sus oportunidades de éxito.
Además, asesoramos en la administración y cumplimiento de contratos administrativos, mitigando riesgos y asegurando el desarrollo adecuado de las relaciones contractuales con el sector público. En caso de controversias, representamos a nuestros clientes en la ejecución de mecanismos de solución de disputas, incluyendo medios de impugnación y procedimientos jurisdiccionales.
Nuestro enfoque estratégico permite a empresas y particulares interactuar con la administración pública dentro del marco legal aplicable, optimizando sus operaciones y protegiendo sus derechos.
Inconstitucionalidad de la inclusión en Lista de Personas Bloqueadas
A partir de 2012 se llevan a cabo en México una serie de reformas que incluyen la creación de la “Lista de Personas Bloqueadas”. Se trata de una lista en la que la Unidad de Inteligencia Financiera (“UIF”) señala a aquellas personas que considera que se encuentran relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (“lavado de dinero”) y/o de financiamiento al terrorismo.
La inclusión de una persona en la Lista de Personas Bloqueadas implica que ésta no pueda realizar ningún acto u operación en el sistema financiero, ni abrir nuevas cuentas ni cancelar las vigentes, y tampoco disponer de los recursos que existan en éstas. Supone el exilio del sistema financiero.
La inclusión a esta lista tiene de suyos varios problemas constitucionales que desafortunadamente todavía no han sido analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, de acudir a juicio bajo la representación de nuestros abogados, resultar viable lograr la declaración de inconstitucionalidad de la norma por violación al principio procesal de presunción de inocencia.
Y en ese sentido, la autoridad excluirá a la persona de la lista, por lo que podrá nuevamente disponer de sus recursos y operar con normalidad en el sistema financiero.
Nulidad de terminación de Concesión y de determinación de Créditos fiscales
A diversas empresas concesionarias les han determinado créditos fiscales por el supuesto incumplimiento de sus obligaciones tributarias, que más allá de la imposición de cuantiosas multas, les han perjudicado al grado de derivar en la terminación de sus respectivas concesiones.
La complejidad de este tipo de asuntos no se limita al estudio de los vicios de los actos constitutivos de créditos fiscales, sino también a la capacidad para mover piezas en el ajedrez procesal y evitar que se consumen efectos colaterales de mayor impacto.
Dicho en otras palabras, es importante lograr que se suspenda la terminación de las concesiones en tanto se logra la nulidad de los créditos fiscales.
Pues bien, este es uno de los casos que nuestros abogados pueden atender con éxito para quienes nos honren con la confianza para representar sus intereses.
Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano
En la Ciudad de México, la regulación específica de usos de suelo para cualquier inmueble se encuentra prevista en los Programas Delegaciones y Parciales de Desarrollo Urbano.
Aunque se denominen “Programas”, la realidad es que su naturaleza jurídica es la de una Ley, toda vez que son creadas por el Congreso de la Ciudad de México y al afectar diferentes predios, resultan ser normas individualizadas.
En ese sentido, nuestros abogados han obtenido para nuestros clientes constructores, sentencias que declaran la inconstitucionalidad de diversos Programas que afectan sus predios, permitiéndoles que, a diferencia de otros inmuebles en la zona, puedan llevar a cabo desarrollos residenciales y comerciales conforme a sus intereses.
Lo que a su vez genera una importante plusvalía para tales inmuebles.
Por tanto, no queda lugar a duda que al contratar los servicios jurídicos de nuestra firma, nuestros clientes realizan una inversión inteligente para su patrimonio.
Procedimientos administrativos sancionadores contra comercialización de alimentos
La materia de protección a los consumidores implica la existencia de múltiples ordenamientos en diversas materias, como lo son la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Infraestructura de la Calidad, así como diversas Normas Oficiales Mexicanas, y en el caso del derecho administrativo sancionador, también la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, por mencionar solo algunas.
La sobrerregulación expuesta facilita que la Procuraduría Federal del Consumidor (“PROFECO”) aumente la práctica de verificaciones que deriven en la imposición de sellos de suspensión para comercialización de productos de alimentos, así como en el inicio de diversos procedimientos administrativos sancionadores contra un mismo sujeto responsable.
En ese tipo de situaciones es importante trazar múltiples rutas para lograr contener la afectación económica y reputacional de los sujetos responsables de la de alimentos cuya comercialización se suspenda, por lo que es inteligente diseñar estrategias mixtas cuya ejecución derive a corto plazo en la continuidad de operaciones, y a mediano y largo plazo en la disminución o nulidad de las sanciones.
Pues bien, nuestros abogados han atendido y resuelto con éxito asuntos de misma naturaleza que el expuesto, por lo que disponen de la capacidad necesaria para brindar a sujetos responsables en la industria alimentaria, la consultoría, asesoría, y en su caso, la representación legal para la defensa de sus intereses.
Nulidad de Inhabilitación de Empresas proveedoras de servicios a gobierno
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece los principios que deben observar los servidores públicos en el desempeño de su encargo; los procedimientos para investigar y sancionar las faltas administrativas de estos, e incluso las que son consideradas como faltas graves de los particulares.
Por lo cual, es factible que la autoridad competente investigue y en su caso sancione a contratistas del gobierno, incluso con inhabilitación temporal, situación que podría derivar en su insolvencia y liquidación.
Por lo anterior, es importante conocer que nuestros abogados han defendido con éxito a particulares sancionados con motivo del régimen de responsabilidades aplicables a contratistas de gobierno, bien ante los Órganos Internos de Control, y de igual manera en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, e incluso en el juicio de amparo ante Tribunales del Poder Judicial de la Federación.
Nulidad de cancelación de Registro Sanitario
Conforme al marco jurídico de nuestro país, diversas actividades de innovación, desarrollo y fabricación de medicamentos se encuentran reguladas y supervisadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (“COFEPRIS”).
Por lo cual, si a juicio de dicha autoridad sanitaria no se cubren diversos requisitos, podría impedirse la comercialización de productos que para tales efectos requieren contar con registro sanitario vigente.
En ese contexto, es recomendable que se contrate a nuestros abogados para que preparen una estrategia adecuada para la situación particular, por lo que no es descartable que se decida acudir a juicio contencioso administrativo y que se logre obtener, primero, una medida cautelar, y posteriormente, la nulidad de la resolución impugnada para que se ordene a la COFEPRIS emitir el oficio que permita realizar la actividad dentro del marco de la ley.
Ciudad de México
Arturo 2, San Ángel Inn, Álvaro Obregón, 01060 Ciudad de México, CDMX
En Igartúa Scherer Abogados comprendemos que en el contexto actual de México y de los mercados internacionales, para lograr el éxito en los negocios se requiere del acompañamiento de profesionales dedicados al Derecho Administrativo y Constitucional.
Esto es, se necesitan los servicios de abogados con probada capacidad y vocación para resolver eficazmente cualquier tipo de situación jurídica que se suscite ante autoridades, ya sea por la creación, modificación o aplicación de normas que afecten los intereses particulares.
Y siempre con una visión a largo plazo que integre el conocimiento y aplicación oportuna de las normas del Derecho Constitucional, los Derechos Humanos y los Tratados Internacionales.
Por lo cual, integramos el Equipo de Igartúa Scherer Abogados, profesionales con experiencia en las referidas ramas del Derecho, quienes emprendemos semejante desafío bajo la convicción de preservar los valores que nos han caracterizado durante nuestra trayectoria profesional, y con la aspiración de lograr el estándar de excelencia más alto para nuestros clientes, en línea con la innovación y las necesidades sociales y empresariales del siglo XXI.
Priorizar su Bienestar
Lograr su bienestar es nuestra aspiración.
Proteger sus intereses, nuestra vocación.
El estudio jurídico Igartúa Scherer Abogados se establece con el objetivo de brindar a sus clientes de diversos sectores e industrias, servicios especializados en Derecho Administrativo y Constitucional de la más alta calidad, para proteger sus intereses y libertades, y así coadyuvar a lograr su bienestar y éxito empresarial.
Para lograr dicho objetivo, nuestros abogados trabajan artesanalmente cada asunto con una perspectiva global de negocios y mediante el diseño y ejecución de sólidas e innovadoras estrategias, resultado de su probada capacidad y amplia experiencia en la práctica integral del litigio y de la consultoría para emprendedores y empresas nacionales e internacionales.
Brindar soluciones jurídicas personalizadas y satisfactorias para las necesidades de nuestros clientes, que les permitan alcanzar sus objetivos y que deriven en el desarrollo de su organización.
Ser la firma de abogados referente en Derecho Administrativo y Constitucional en México que logre los mejores resultados posibles para sus clientes, propiciando el fortalecimiento de relaciones personales e institucionales fructíferas de largo plazo, y que de tal manera impulsemos el Estado de Derecho en nuestro país.
En el desarrollo de su experiencia profesional, los abogados que hoy día integran el Equipo han atendido y resuelto casos y proyectos novedosos respecto de distintas materias y que han presentado un alto grado de dificultad, por lo que es viable que entre otros, presten servicios relacionados con el tipo de asuntos que se destacan a continuación:
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Formulario de contacto
Domicilio:
Arturo 2, San Ángel Inn, Álvaro Obregón, 01060 Ciudad de México, CDMX
Inconstitucionalidad de la inclusión en Lista de Personas Bloqueadas
A partir de 2012 se llevan a cabo en México una serie de reformas que incluyen la creación de la “Lista de Personas Bloqueadas”. Se trata de una lista en la que la Unidad de Inteligencia Financiera (“UIF”) señala a aquellas personas que considera que se encuentran relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (“lavado de dinero”) y/o de financiamiento al terrorismo.
La inclusión de una persona en la Lista de Personas Bloqueadas implica que ésta no pueda realizar ningún acto u operación en el sistema financiero, ni abrir nuevas cuentas ni cancelar las vigentes, y tampoco disponer de los recursos que existan en éstas. Supone el exilio del sistema financiero.
La inclusión a esta lista tiene de suyos varios problemas constitucionales que desafortunadamente todavía no han sido analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, de acudir a juicio bajo la representación de nuestros abogados, resultar viable lograr la declaración de inconstitucionalidad de la norma por violación al principio procesal de presunción de inocencia.
Y en ese sentido, la autoridad excluirá a la persona de la lista, por lo que podrá nuevamente disponer de sus recursos y operar con normalidad en el sistema financiero.
Nulidad de terminación de Concesión y de determinación de Créditos fiscales
A diversas empresas concesionarias les han determinado créditos fiscales por el supuesto incumplimiento de sus obligaciones tributarias, que más allá de la imposición de cuantiosas multas, les han perjudicado al grado de derivar en la terminación de sus respectivas concesiones.
La complejidad de este tipo de asuntos no se limita al estudio de los vicios de los actos constitutivos de créditos fiscales, sino también a la capacidad para mover piezas en el ajedrez procesal y evitar que se consumen efectos colaterales de mayor impacto.
Dicho en otras palabras, es importante lograr que se suspenda la terminación de las concesiones en tanto se logra la nulidad de los créditos fiscales.
Pues bien, este es uno de los casos que nuestros abogados pueden atender con éxito para quienes nos honren con la confianza para representar sus intereses.
Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano
En la Ciudad de México, la regulación específica de usos de suelo para cualquier inmueble se encuentra prevista en los Programas Delegaciones y Parciales de Desarrollo Urbano.
Aunque se denominen “Programas”, la realidad es que su naturaleza jurídica es la de una Ley, toda vez que son creadas por el Congreso de la Ciudad de México y al afectar diferentes predios, resultan ser normas individualizadas.
En ese sentido, nuestros abogados han obtenido para nuestros clientes constructores, sentencias que declaran la inconstitucionalidad de diversos Programas que afectan sus predios, permitiéndoles que, a diferencia de otros inmuebles en la zona, puedan llevar a cabo desarrollos residenciales y comerciales conforme a sus intereses.
Lo que a su vez genera una importante plusvalía para tales inmuebles.
Por tanto, no queda lugar a duda que al contratar los servicios jurídicos de nuestra firma, nuestros clientes realizan una inversión inteligente para su patrimonio.
Procedimientos administrativos sancionadores contra comercialización de alimentos
La materia de protección a los consumidores implica la existencia de múltiples ordenamientos en diversas materias, como lo son la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Infraestructura de la Calidad, así como diversas Normas Oficiales Mexicanas, y en el caso del derecho administrativo sancionador, también la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, por mencionar solo algunas.
La sobrerregulación expuesta facilita que la Procuraduría Federal del Consumidor (“PROFECO”) aumente la práctica de verificaciones que deriven en la imposición de sellos de suspensión para comercialización de productos de alimentos, así como en el inicio de diversos procedimientos administrativos sancionadores contra un mismo sujeto responsable.
En ese tipo de situaciones es importante trazar múltiples rutas para lograr contener la afectación económica y reputacional de los sujetos responsables de la de alimentos cuya comercialización se suspenda, por lo que es inteligente diseñar estrategias mixtas cuya ejecución derive a corto plazo en la continuidad de operaciones, y a mediano y largo plazo en la disminución o nulidad de las sanciones.
Pues bien, nuestros abogados han atendido y resuelto con éxito asuntos de misma naturaleza que el expuesto, por lo que disponen de la capacidad necesaria para brindar a sujetos responsables en la industria alimentaria, la consultoría, asesoría, y en su caso, la representación legal para la defensa de sus intereses.
Nulidad de Inhabilitación de Empresas proveedoras de servicios a gobierno
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece los principios que deben observar los servidores públicos en el desempeño de su encargo; los procedimientos para investigar y sancionar las faltas administrativas de estos, e incluso las que son consideradas como faltas graves de los particulares.
Por lo cual, es factible que la autoridad competente investigue y en su caso sancione a contratistas del gobierno, incluso con inhabilitación temporal, situación que podría derivar en su insolvencia y liquidación.
Por lo anterior, es importante conocer que nuestros abogados han defendido con éxito a particulares sancionados con motivo del régimen de responsabilidades aplicables a contratistas de gobierno, bien ante los Órganos Internos de Control, y de igual manera en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, e incluso en el juicio de amparo ante Tribunales del Poder Judicial de la Federación.
Nulidad de cancelación de Registro Sanitario
Conforme al marco jurídico de nuestro país, diversas actividades de innovación, desarrollo y fabricación de medicamentos se encuentran reguladas y supervisadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (“COFEPRIS”).
Por lo cual, si a juicio de dicha autoridad sanitaria no se cubren diversos requisitos, podría impedirse la comercialización de productos que para tales efectos requieren contar con registro sanitario vigente.
En ese contexto, es recomendable que se contrate a nuestros abogados para que preparen una estrategia adecuada para la situación particular, por lo que no es descartable que se decida acudir a juicio contencioso administrativo y que se logre obtener, primero, una medida cautelar, y posteriormente, la nulidad de la resolución impugnada para que se ordene a la COFEPRIS emitir el oficio que permita realizar la actividad dentro del marco de la ley.