ESTRATEGIA DE DEFENSA ANTE ÓRGANOS REGULADORES EN MATERIAS DE PROTECCIÓN A CONSUMIDORES Y DERECHO SANITARIO

Las empresas que operan en sectores regulados están sujetas a la supervisión de diversas autoridades administrativas, cuyos procedimientos sancionadores pueden derivar en multas, clausuras, cancelación de registros, medidas de seguridad y otras restricciones que afectan la continuidad de sus operaciones.

En México, organismos como la Procuraduría Federal del Consumidor (“PROFECO”) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (“COFEPRIS”) tienen facultades para iniciar procedimientos administrativos sancionadores en contra de empresas de distintos sectores, imponiendo medidas correctivas cuando consideran que se ha incumplido la normativa aplicable.

Procedimientos sancionadores por parte de PROFECO

La PROFECO es el organismo encargado de proteger los derechos de los consumidores y vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en diversas leyes, como la Ley Federal de Protección al Consumidor (“LFPC”) y la Ley de Infraestructura de la Calidad, y en consecuencia, garantizar que las relaciones de consumo entre proveedores y consumidores se desarrollen bajo condiciones de legalidad, equidad y transparencia.

En ejercicio de sus facultades, la PROFECO puede iniciar procedimientos administrativos sancionadores en contra de empresas que presuntamente incumplan normas de información comercial, publicidad, exhibición de precios, cláusulas abusivas, términos de contratación y calidad de bienes y servicios.

Las sanciones que PROFECO puede imponer a empresas incluyen:

• Multas: Se imponen cuando una empresa incumple las disposiciones de la LFPC. Las multas pueden ir desde los $834.00 hasta los $3,585,000.00 pesos (conforme a la Unidad de Medida y Actualización vigente), dependiendo de la gravedad de la infracción.

• Clausura temporal o definitiva del establecimiento: Procede cuando una empresa reincide en prácticas que afectan los derechos de los consumidores o cuando se niega a cumplir con requerimientos de información.

• Aseguramiento de productos o bienes: PROFECO puede inmovilizar o retirar del mercado productos que considere que incumplen normativas de etiquetado, calidad o información al consumidor.

• Suspensión de publicidad engañosa: Se ordena cuando se determina que la publicidad utilizada por una empresa induce al error al consumidor sobre las características, beneficios o precios de un producto o servicio.

• Cancelación de contratos de adhesión registrados: PROFECO puede declarar la nulidad de cláusulas abusivas en contratos de adhesión utilizados en sectores como telecomunicaciones, educación privada y comercio electrónico, entre otros.

Algunos ejemplos de sanciones impuestas por PROFECO incluyen aquellas relacionadas con los siguientes sectores:

• Empresas de comercio electrónico (“marketplace”): PROFECO ha sancionado a plataformas digitales por falta de transparencia en precios, condiciones de compra y políticas de devolución, así como por no responder adecuadamente a reclamaciones de los consumidores.

• Tiendas de autoservicio y establecimientos comerciales: Se han impuesto multas y medidas correctivas por publicidad engañosa, omisión en la exhibición de precios y prácticas comerciales abusivas.

• Empresas del sector telecomunicaciones: Se han dictado sanciones por cobros indebidos, falta de claridad en contratos de servicios y negativa injustificada a la cancelación de servicios por parte del consumidor.

Procedimientos sancionatorios de COFEPRIS

La COFEPRIS es el órgano encargado de la regulación y control sanitario en México, con facultades para supervisar a industrias como la farmacéutica, de alimentos, cosmética, de dispositivos médicos y tabacalera. En este ámbito, puede iniciar procedimientos administrativos que deriven en la imposición de multas, suspensión de actividades, inmovilización de productos, cancelación de registros sanitarios o revocación de autorizaciones.

Algunos procedimientos en los que interviene COFEPRIS terminan en la imposición de sanciones como aquellas que se indican a continuación:

• Cancelación de registros sanitarios: Cuando se presume que una empresa incumple con requisitos normativos para la comercialización de medicamentos, alimentos o dispositivos médicos.

• Imposición de medidas de seguridad: Como el aseguramiento de productos por presuntos riesgos sanitarios o incumplimiento de normativas en el etiquetado.

• Sanciones a empresas del sector farmacéutico y de alimentos. Por supuestas irregularidades en la fabricación, distribución o publicidad de productos sujetos a regulación sanitaria.

Coordinación de la defensa legal en procedimientos simultáneos ante PROFECO y COFEPRIS

En algunos casos, las empresas reguladas pueden enfrentar procedimientos administrativos simultáneos ante distintas autoridades, como PROFECO y COFEPRIS, debido a que ambas tienen facultades en mismos sectores, como el alimentario, farmacéutico, cosmético y de productos de consumo masivo.

Este supuesto se actualiza cuando una misma situación genera posibles afectaciones a derechos, o incumplimiento de normatividad, tanto en materia de protección al consumidor como en seguridad sanitaria, lo que lleva a la apertura de procedimientos por parte de ambos órganos reguladores, como pueden ser los siguientes:

• Sanciones por publicidad engañosa:

• PROFECO puede imponer multas y medidas correctivas a una empresa por publicidad que considere engañosa o que induzca a error al consumidor.

• Paralelamente, COFEPRIS puede ordenar el retiro de productos del mercado si determina que la publicidad de los mismos no cumple con la normativa sanitaria aplicable.

• Etiquetado de productos alimenticios y farmacéuticos:

• PROFECO puede sancionar a una empresa por incumplimiento de normas de información comercial, como la falta de claridad en el etiquetado de productos o la omisión de advertencias dirigidas al consumidor.

• COFEPRIS, por su parte, puede iniciar procedimientos para la modificación o cancelación del registro sanitario si detecta que el etiquetado incumple normas de sanidad o seguridad.

• Suspensión de actividades o clausura de establecimientos:

• PROFECO puede suspender la comercialización de un producto si determina que infringe derechos del consumidor.

• COFEPRIS puede inmovilizar productos, suspender operaciones o imponer medidas de seguridad en establecimientos que considera que representan un riesgo para la salud pública.

Importancia de una defensa jurídica integral

Cuando una empresa enfrenta procedimientos simultáneos ante PROFECO y COFEPRIS, es fundamental que la estrategia de defensa sea coherente y coordinada, ya que las decisiones adoptadas en un procedimiento pueden influir en el otro.

Contar con un despacho de abogados especializado que gestione ambos procedimientos de manera integral permite:

• Unificar la estrategia de defensa, asegurando que los argumentos y pruebas presentados sean consistentes en ambos procedimientos.

• Prevenir contradicciones en la información proporcionada a cada autoridad, evitando que un pronunciamiento adverso en un procedimiento afecte la resolución del otro.

• Optimizar los recursos legales, permitiendo una defensa más eficiente y evitando que la empresa incurra en costos innecesarios por estrategias aisladas.

• Minimizar el impacto operativo y reputacional, actuando de manera preventiva para evitar sanciones que afecten la continuidad del negocio.

La experiencia y capacidad en la defensa integral de empresas ante PROFECO y COFEPRIS

Las empresas sujetas a regulación enfrentan un entorno normativo complejo en el que la actuación de PROFECO y COFEPRIS puede derivar en procedimientos sancionadores simultáneos, con consecuencias que van desde multas y restricciones operativas hasta la cancelación de registros y suspensión de actividades. En estos casos, una defensa legal eficaz y coordinada resulta fundamental para evitar sanciones desproporcionadas y garantizar la continuidad del negocio.

En nuestra firma colaboran abogados que han adquirido la experiencia y conocimientos necesarios para representar a empresas en procedimientos administrativos sancionadores simultáneos ante PROFECO y COFEPRIS. Nuestra defensa jurídica integral asegura que cada procedimiento se atienda con una estrategia coordinada, lo que maximiza las posibilidades de éxito y minimiza el impacto de eventuales sanciones.

Desde la etapa administrativa, implementamos una defensa técnica basada en la presentación de pruebas y argumentos jurídicos sólidos. En caso de una resolución adversa, asesoramos a nuestros clientes en la impugnación de sanciones, ya sea mediante recurso administrativo, juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) o, en última instancia, a través del juicio de amparo.

Nuestra intervención permite a las empresas operar con certeza jurídica, garantizando el cumplimiento de la normatividad aplicable sin que ello represente una afectación desproporcionada a sus actividades comerciales.

Ofrecemos asesoría y representación legal especializada, asegurando que cada caso sea atendido con una estrategia jurídica bien fundamentada y orientada a la protección de los intereses de nuestros clientes.