Para alcanzar la aspiración del Estado de Derecho resulta indispensable permitir y garantizar el pleno respeto y goce de los derechos y libertades fundamentales, consagrados como derechos humanos en la Constitución Política y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

En ese sentido, el principio de legalidad, la garantía de audiencia, los derechos de propiedad y el debido proceso son tan solo algunas de las instituciones jurídicas que nos corresponde cuidar día a día en el desarrollo de nuestras actividades.

En el despacho somos conscientes de lo anterior, por ello defendemos arduamente los derechos de nuestros clientes en los juicios de amparo que promovemos y que conocen los juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación a lo largo de todo el país, inclusive, en los casos procedentes, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dichos servicios no solo incluyen el estudio del caso, la preparación y presentación de la demanda, así como el seguimiento del juicio correspondiente, sino también en los casos que por su naturaleza lo requieran, la solicitud y en su caso obtención de suspensiones de los actos reclamados, así como la interposición de recursos.

A continuación señalamos algunos actos de autoridad que pueden impugnarse mediante juicio de amparo:

• La orden y ejecución de imposición de sellos y clausura de actividades y establecimientos;
• La inclusión de sujetos en lista a que se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación;
• La catalogación de inmuebles por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL);
• Los decretos expropiatorios y otro tipo de actos administrativos que afectan los derechos de propiedad de los particulares.
• La expedición de normas generales que pueden afectar de modo irreparable derechos sustantivos, como la creación de leyes restrictivas a la libertad de las empresas, así como
• Las actuaciones de autoridades en relación con procedimientos administrativos en materia aduanera, entre otros.